Cuando en su defensa, desde el PSOE se señalan las grandes causas por corrupción en las que ha estado o está inmerso el Partido Popular, la primera respuesta de otros partidos o de los medios de comunicación es afear que se recurra al "y tú más". Este post va precisamente de eso, de reivindicar explícitamente el "y tú más", aunque sea políticamente incorrecto.
En el PSOE ha habido casos de corrupción. Desde aquellos casos de los años 90, con Luis Roldán como ejemplo más palmario, pasando por el caso ERE en Andalucía -aquí puedes ver un buen resumen, aunque no incluye la posterior estimación de los recursos de Chaves y Griñán ante el TC- llegando, en nuestros días, al presunto caso Cerdán-Ábalos-Koldo, en el que parecen haberse pagado comisiones por adjudicaciones de obra pública. En todos los casos se repite un mismo patrón: algunos cargos nombrados desde gobiernos socialistas aprovechan su posición para enriquecerse ilícitamente o para beneficiar a otras personas con prestaciones que no les corresponden. Todos son intolerables y deben ser juzgados y, en su caso, condenados.
En el Partido Popular hay casos como los anteriores, sí, y son igual de censurables. Pero hay otros -bastantes- en los que existe un plus de gravedad. Me estoy refiriendo a casos como "Gürtel", "Kitchen" o, ahora, al "caso Montoro". En todos ellos no es que se produzca un comportamiento aislado de un sinvergüenza que se enriquece aprovechando su cargo, es que hay una trama institucionalizada con fines corruptos y delictivos. Si hablamos de Gürtel, se trata de una forma de operar generalizada en el PP desde tiempos -al menos- de Aznar para enriquecer a unos pocos y para financiar ilegalmente al partido. En el caso Kitchen, pendiente de juicio y con importantes peticiones de penas por parte de la fiscalía, es una estrategia ideada en las cloacas del Ministerio del Interior para conseguir y destruir pruebas que incriminaban al PP en la trama Gürtel. Y en el caso Montoro, conocido en los últimos días, se observa una actuación orquestada por el Ministerio de Hacienda para legislar por encargo en favor de grandes empresas energéticas previo pago a un despacho de consultoría vinculado al entonces ministro.
Los casos nombrados -que ni mucho menos son los únicos- lo que dejan ver no son hechos corruptos aislados, sino la normalización de la Administración Pública como una mera oportunidad de negocio para quienes la dirigen, poniéndola al servicio de intereses privados mientras se exigían todo tipo de sacrificios a la clase trabajadora.
La corrupción de personas a título individual -siendo intolerable- no puede compararse, ni en el volumen defraudado ni en su gravedad, con los entramados de corrupción generalizados. Por otra parte, la reacción ante los casos de unos y otros tampoco es comparable: mientras en el PP se ampara a sus corruptos, se maniobra en contra de los jueces o se destruyen pruebas, en el PSOE se actúa de manera inmediata contra sus cargos implicados. Y se hace no solo porque la dirección del partido sea exigente en cuanto a la ejemplaridad de estos cargos, sino también porque se sabe que la base electoral y la militancia repudian firmemente estos comportamientos.